Patentes farmacéuticas de bajo coste para países en vías de desarrollo
Muchas de las enfermedades que se llevan la vida de las personas que viven en países en vías de desarrollo no existen en los países desarrollados. La clave de esto está, cómo no, en los intereses económicos que mueven a las empresas farmacéuticas. ¿Qué podemos hacer? Este artículo de L. Sánchez Iñigo nos puede ayudar a centrarnos en esta cruda realidad.
Cada año, las enfermedades infecciosas matan a unos 13 millones de personas, lo que equivale a 30.000 muertes diarias. Casi la mitad de las víctimas son niños y niñas menores de 5 años, la gran mayoría pertenece a países en vías de desarrollo. Muchas de las muertes prematuras y de los casos de incapacidad asociados a enfermedades infecciosas se podrían evitar si los pobres tuvieran acceso a las medicinas. En el mundo en desarrollo, la pobreza de las familias, el gasto público inadecuado y la falta de infraestructuras sanitarias se unen para dejar fuera del alcance de los pobres la posibilidad de un tratamiento médico adecuado. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en los países en desarrollo unos 2.000 millones de personas carecen de acceso a medicinas esenciales. Las nuevas reglas de patentes de la Organización Mundial del Comercio (OMC) van a reducir aún más el acceso de los pobres a medicinas esenciales. Al otorgar derechos exclusivos de comercialización a los propietarios de las patentes durante un período mínimo de 20 años se restringe el derecho de los gobiernos a permitir la producción, comercialización e importación de copias de bajo coste (genéricos) de medicinas patentadas. No se trata de una amenaza teórica o lejana. La aplicación de unas normas más estrictas sobre patentes a los productos médicos ya ha causado serios problemas a países en desarrollo productores de medicamentos genéricos como India o Brasil, o a importadores de éstos como Sudáfrica o Kenia. Han sido presionados, llevados a juicio y amenazados de sanción por parte de las multinacionales farmacéuticas y de algunos gobiernos de países desarrollados.
Las enfermedades infecciosas son la principal causa de mortalidad en los países pobres. En África representan el 60% de las muertes, mientras que en Europa sólo el 5%. De los 13 millones de muertes causadas por enfermedades infecciosas que se estima tuvieron lugar en 1999, la mayor parte fueron de personas pobres en países en desarrollo. Seis enfermedades (gastroenteritis, neumonía, sida, malaria, tuberculosis y sarampión) son la causa de la mayoría de estos fallecimientos, que matan principalmente a niños y jóvenes. La epidemia del sida está alcanzando niveles escalofriantes. Hay 36 millones de enfermos de sida en el mundo, de los cuales 25 millones viven en África.
Existen medicamentos efectivos en el tratamiento de muchas enfermedades típicas de los países en desarrollo. Esas medicinas pueden encontrarse en estos países en los centros de salud, hospitales o farmacias cercanas y, sin embargo, en muchas ocasiones son inaccesibles. Esto se debe a que el precio es prohibitivo, y únicamente desviando recursos de otras áreas esenciales, como la alimentación y la educación, se podrá hacer un tratamiento correcto. El elevado precio se convierte en una barrera insalvable para una parte muy importante de la población. Es evidente que, para estas personas, el acceso al tratamiento se va a ver tremendamente influenciado por las variaciones de los precios.
Hasta 1995, cada país era libre de diseñar su propio régimen de patentes. De esta manera podía buscar el equilibrio entre el estímulo de la innovación y la potenciación de la disponibilidad de los medicamentos asequibles a su población. Muchos países en vías de desarrollo decidieron hacer uso de esta libertad exceptuando los medicamentos de las patentes o garantizando solamente una protección de patentes limitada. Es más, algunos países ricos no concedieron protección a las patentes durante las etapas tempranas de su desarrollo, eligiendo así esperar primero a que surgieran industrias farmacéuticas locales antes de aplicar un régimen de patentes en sus propios mercados.
Las multinacionales farmacéuticas pueden buscar establecer precios uniformes a escala mundial al nivel más alto posible. A menos que las importaciones paralelas se extiendan a los productos genéricos equivalentes, su utilidad para los países en vías de desarrollo será mínima. Las licencias obligatorias sólo se pueden conceder si el destinatario ha hecho un esfuerzo por obtener un permiso del propietario de la patente y si éste ha recibido una remuneración adecuada.
Bajo las nuevas normas, los gobiernos ya no podrán permitir a las empresas locales producir, comercializar y exportar versiones de bajo coste de las medicinas patentadas. Esto tiene implicaciones importantes en dos planos: los países que han desarrollado una sólida industria de genéricos verán reducido su autoabastecimiento de medicinas y tendrán que afrontar mayores precios. Además, las naciones empobrecidas, que carecen de una fuerte industria de genéricos, no podrán importar de estos proveedores.
Hay estudios que ofrecen resultados escalofriantes al comparar la diferencia de precios entre la medicina patentada y sus copias genéricas. Diferencias tales que significan, para la población enferma y sus gobiernos, cambiar la imposibilidad del acceso por unos precios de justicia que permitan acceder a tratamientos curativos correctos y completos.
Algunos países en vías de desarrollo han decidido defender el derecho a la salud de su población por encima del derecho de patente. Han establecido leyes y programas para favorecer el acceso a las nuevas medicinas, especialmente con respecto al VIH/sida. Sin embargo, las multinacionales farmacéuticas y algunos gobiernos de países desarrollados no lo han entendido así, han intentado obstaculizar estas iniciativas mediante presiones, amenaza de sanciones y demandas judiciales.
Es verdad que las compañías farmacéuticas no son organizaciones benéficas y los medicamentos no constituyen la respuesta total al problema. Sin embargo, la industria tiene los recursos necesarios (incluyendo la patente de los productos, los procesos de producción a bajo coste y la experiencia en investigación y desarrollo) para ejercer una influencia mucho mayor de la que ejerce ahora, particularmente porque se mantienen de manera sistemática entre las empresas más rentables. Además, los beneficios que logran en los países pobres son escasos. La poca prioridad concedida por las empresas farmacéuticas a consideraciones relativas a la salud pública en el mundo en desarrollo ha dado lugar a una crítica creciente que se hace oír.
En respuesta a la crítica cada vez mayor, muchas compañías han aumentado sus recortes de precios y sus actividades generosas incorporándose a iniciativas no comerciales, sí muy publicitadas, generalmente en conjunción con organismos públicos.
Hay expuestas ciertas propuestas para mejorar el acceso a los medicamentos esenciales. Por ejemplo revisar el acuerdo internacional sobre patentes. Los países en vías de desarrollo deben mantener el derecho a producir, comercializar, importar y exportar medicinas asequibles. También hay que humanizar las empresas farmacéuticas. Las empresas farmacéuticas deben reducir los precios de los medicamentos esenciales para que sean justos y asequibles para los pobres. Los precios se deben determinar como parte de un sistema internacional y transparente basándose en la capacidad de pago del país. Además, en los países pobres no deben solicitar la aplicación de los derechos de patente si se trata de medicamentos esenciales para la salud pública. Además los gobiernos de los países desarrollados deben apoyar el Fondo Mundial para la Salud, promovido por Naciones Unidas para investigar nuevos tratamientos y combatir el sida, la malaria, la tuberculosis y otras enfermedades olvidadas. Por último proponen que los países en vías de desarrollo incrementen sus compromisos con los servicios sociales básicos y específicamente aumentar sus gastos en las metas de salud sobre las enfermedades infecciosas, el VIH y otras enfermedades relacionadas.
